Desde el 18 de octubre de 2019, empezamos a notar que muchas cosas no volverían a ser iguales. Con el paso de los días también tuvimos la certeza de que esta crisis no sería lo mismo sin internet; un gran aliado a la hora de manifestarse e informar, particularmente a través de las redes sociales. Sin embargo, la barrera que distingue a las redes de ser una herramienta de información o un arma de persecución contra la libertad de expresión es muy difusa.
¿Qué tan libres somos en internet? ¿Podemos ser denunciados o perseguidos por compartir alguna foto o historia en Instagram? ¿Por escribir en Twitter? ¿Podemos ser detenidos tras ser grabados por terceros dando nuestra opinión?
La respuesta parece ser sí. En su discurso del 12 de noviembre, Sebastián Piñera anunció querellas por Ley de Seguridad del Estado contra las personas que han “incitado, promovido, fomentado o participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido…”. Pero la ambigüedad de este mensaje es algo que para varios expertos en protección de datos es una señal de alarma, y que nos enfrenta a nueva realidad.
Días después del discurso, abogados del gobierno presentaron una querella por “incitación a subversión del orden público” a partir de “un video que circula en redes sociales” contra un dirigente que, grabado por un tercero en una asamblea dice: “Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno (…) y levantar una asamblea constituyente libre y soberana”. Según los abogados, el querellado “hace derechamente un llamado a derrocar el Gobierno”.
Durante el mismo día, la acción judicial fue rechazada en defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, los abogados apelaron y adelantaron que no sería la única querella por “incitación a la subversión” que tienen preparada.
Pero estas acciones legales, que cada día comenzaremos a ver con más frecuencia, solo son una parte de los riesgos del uso de redes sociales e internet en contexto de crisis y persecución política. La responsabilidad apunta a un ámbito político y a otro empresarial, pero a la respuesta puede ser mucho más difícil llegar.
Tus likes en Instagram, tu información básica, tus búsquedas y hasta las fotos que puedas tener de forma privada en tu celular son datos personales que se almacenan y clasifican para la venta. Esta información tiene distintos fines, como la comprensión de perfiles de usuarios y sus gustos asociados para ser usados en marketing, o para alimentar la gran base de datos de alguna inteligencia artificial.
Estos datos e información se venden a gobiernos y grandes empresas de todo el mundo, algo que no ha estado exento de polémicas. Las empresas ponen sus propias reglas del juego y deciden qué es permitido y qué tiene valor a través de las normas de uso: una regulación interna que se nos presenta como un contrato al momento de crear una cuenta en cada plataforma, y donde solemos aceptar el acceso a aspectos tan sensibles de nuestro dispositivo como el micrófono, la cámara, los archivos fotográficos o nuestros contactos.
Con estas normas se genera una especie de burbuja informativa, ya que las redes sociales son propiedad de empresas multinacionales que además tienen el monopolio de las redes, como es el caso Mark Zuckerberg. El dueño de Facebook, Instagram y Whatsapp estuvo envuelto en 2018 en el escándalo de Cambridge Analytica, cuando se descubrió que esta consultora política adquirió información de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos. Estos datos privados fueron utilizados para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de EE.UU de 2016, en las que Donald Trump resultó electo presidente. Cambridge Analytica logró saber cuál debía ser el contenido, tema y tono de un mensaje para cambiar la forma de pensar de los votantes de forma casi individualizada
Y en Chile no estamos muy lejanos a ese tipo de problemáticas. En septiembre de este año, un reportaje de Ciper reveló como Instagis, empresa contratada para optimizar las campañas de Chile Vamos, usa bases de datos y redes sociales para perfilar ciudadanos y generar los mensajes que envían los candidatos tras conocer las características y preferencias de los votantes. Una de sus más recientes adquisisiones fue la aplicación de seguridad y denuncia Sosafe, cuya recopilación de datos de los usuarios les permitiría también conocer “los miedos” de la gente. Instagis ha recibido dos inyecciones de dinero desde Corfo que suman más de $1.400 millones de pesos, y fue una pieza clave en el triunfo de Piñera en las elecciones de 2017.
“Con Sosafe, Instagis puede convertirse en una aspiradora que recoja los reportes de miles de ciudadanos. La información sobre los temores de las personas en materia de seguridad pública es un insumo crucial para las campañas electorales y nada, salvo la buena voluntad de los dueños del software, impide que los datos de los usuarios sean utilizados para potenciar a un candidato que contrate a Instagis. O, incluso, que se comercialicen en servicios prestados por Instagis o Sosafe a otras empresas”, señala el reportaje.
Nuestra información, además de ser usada para política o marketing, también puede ser utilizada para el control. Hace tan solo unos años parecía ficción hablar de reconocimiento facial biométrico, o de industrias multimillonarias basadas en la venta de datos digitales de personas. Hoy es una realidad que peligrosamente avanza y crece sin una regulación institucional adecuada ni construida para responder a los cambios.
Los sistemas de reconocimiento facial funcionan a partir de la generación de bases de datos de nuestros rostros. Estos son transformados a mediciones matemáticas geométricas e integrados a la inteligencia artificial que realiza múltiples procesos simultáneos para encontrar patrones, vincular las medidas y características de un rostro en movimiento, con un nombre particular. Esto se logra mediante la recopilación e información de millones de caras, y el mejor lugar para obtenerlas es Internet, donde miles de fotos y videos se suben a diario de forma voluntaria.
Esto nos invita a prender las alarmas más aún en un contexto de estallido social, ya que los pocos imputados por los incendios en las estaciones de metro ocurridas hace un mes fueron encontrados y perseguidos mediante videos disponibles en plataformas digitales.
El algoritmo es la programación que rige todo. Creado con el fin de organizar la gran cantidad de contenido disponible y mostrar, según lo que ellos estiman, lo que las y los usuarios quieren ver y lo que no. Por lo mismo no son fijos: siempre cambian y se retroalimentan de nuestras búsquedas y formas de usar las plataformas. Jerarquizan y priorizan cierta información por sobre otra, pero se desconoce el criterio con el que lo hacen. Además, este criterio proviene de otro país, lo que es un gran problema en contextos de crisis políticas y cuando las redes sociales se vuelven necesarias para informar, ya que estos algortimos no responden a la necesidad de la contingencia o el contexto del país donde operan, causando muchas veces más obstáculos, como por ejemplo la pérdida de pruebas audiovisuales contra delitos de lesa humanidad.
A causa de esto, muchas cuentas han enfrentado la eliminación de sus publicaciones, llamados de advertencia desde las plataformas, el bloqueo total o cosas tan sencillas como no aparecer en las búsquedas o en la página principal. Son filtrados y dejados de lado sin un anuncio oficial.
Desde la Fundación Datos Protegidos, dedicada a informar y proteger la privacidad y los derechos humanos en las plataformas digitales, levantaron un formulario online para recopilar denuncias de actividad inusual y censura. Los casos comenzaron a llegar de inmediato desde el 18 de octubre, y el trabajo de la organización se enfocó en dejar registro y buscar soluciones para las personas y cuentas afectadas. A la fecha ya llevan más de 300 casos.
“No solo hemos visto cuentas personales, sino que también cuentas que hasta antes de la crisis se dedicaban a otro tipo de contenido (moda, música, arte) y que con el estallido comenzaron a hablar más de política, ayudando a difundir lo que pasa en Chile. Incluso influencers se han visto en problemas”, denuncia Patricia Peña, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y parte del directorio de la Fundación Datos Protegidos.
Las causas principalmente giran en torno a la violación de las normas comunitarias de las plataformas, donde entra en conflicto el contenido que pueda ser considerado como incitaciones a la violencia u odio hacia un grupo de personas. El problema es que imágenes y videos que operan como registro de la violencia policial, llamados a manifestaciones o simplemente memes pueden ser considerados en esta categoría.
“Eso es lo que denominamos ‘censura previa’: cuando el algoritmo lee el contenido y lo clasifica como ‘sensible’, y es enviado para ser aprobado o rechazado por un moderador humano. El problema es que estos están en Europa, y son ajenos a entender muchas de las dinámicas locales”, señalan desde Datos Protegidos.
“Las redes sociales no son neutras: las vemos como un lugar para comunicar. Pero eso siempre está en tensión. Incluso antes del estallido, ya tenían problemas artistas que subían una ilustración de una vagina o un cuerpo de mujer desnudo”, cuenta Patricia Peña.
Este punto es también muy importante para Javier García, miembro del Observatorio del Derecho a la Comunicación, quien cree es necesario no restarse y encerrarse en la concepción clásica de que “solo los periodistas pueden comunicar”. Esto cobra especial sentido para García en personas dedicadas al arte.
“La expresión artística también está protegida por la libertad de expresión. De alguna manera también es verdad que hay pocas herramientas escritas, pero desde mi punto de vista, tienen una protección similar a la que pueden tener los comunicadores, porque ellos están comunicando desde las artes con otros elementos, entonces también se pueden ver afectados por la censura de las obras”, argumenta.
En Chile existen muchos vacíos en cuanto a regulación y resguardo. Pero algo vital hasta que eso cambie es la denuncia y judicialización de los casos, ya que eso permite generar criterios de jurisprudencia. Al menos eso defienden desde Datos Protegidos. Actualmente y a causa de la movilización, se encuentra suspendida la Ley de Datos Personales, que vendría a modificar institucionalmente el marco de protección de nuestra información. Pero también tenemos que generar un cambio en nuestras relaciones cotidianas y entender el valor de nuestra “huella digital”.
Sin duda, recién comienza una nueva faceta de la lucha por la libertad de expresión y el derecho al anonimato en internet. Por ello es importante no restarse y vigilar como las instituciones velarán y/o usarán nuestra información. El cómo dar la lucha se vuelve clave para protegernos, resguardar nuestra información y usarla en el cambio que millones de personas registran desde todos los territorios del país.
Ya seas un artista que difunde su trabajo en Instagram, una fotógrafa que documenta las manifestaciones, un performer que comparte el registro de su intervención o si simplemente comunicas una denuncia desde tus cuentas personales, debes tomar ciertos resguardos y manejar cierta información para protegerte.
1.- Respaldar todo el contenido que subas a redes sociales. Si sospechas que pueden bajar tu página o un sitio web con información importante, disidente o activista, con http://archive.org puedes hacer un respaldo permanente del sitio.
2.- Tomar capturas de pantalla de toda actividad irregular en tu cuenta y registrar la fecha. Por ejemplo si te llega un strike (aviso de cuando estás infringiendo una norma), si se te baja un contenido o si no está visible en la página de inicio. Esto servirá como apoyo a cualquier denuncia que después quieras realizar y que puede resultar en el retroceso de la penalización. Algo importante también es siempre notificar a la plataforma cuando ocurra una situación extraña.
3.- Proteger tu cuenta. Usa una contraseña segura, es decir, que sea fácil para ti pero difícil para otra persona. Alterna distintas letras (mayúsculas y minúsculas), números y símbolos. Es mucho mejor si es única para esa cuenta. También infórmate sobre cuáles son las posibilidades disponibles en las plataformas que usas para volverlas más seguras: verificación en dos pasos, configuración de privacidad, etc.
4.- Conoce las normas comunitarias y políticas de las plataformas en que tienes cuentas. Esto te permitirá comprender cómo comunicar dentro de ellas de una manera efectiva, más aún en este contexto de revolución social, ya que lamentablemente estas no van a cambiar.
5.- Revisa los 10 consejos de seguridad digital creado por Datos Protegidos.
En el caso de que te veas sometido a censura o actividad irregular, puedes denunciar en el formulario de Datos Protegidos. También puedes escribir a hola@datosprotegidos.org y contarles tu caso.
